Comunicado

Cámara aprueba proyecto que prohíbe exigir marcas de útiles escolares

La iniciativa –aprobada en general y en particular por 126 votos a favor también prohíbe condicionar la matrícula a la citada compra.

El diputado José Miguel Ortiz destacó que el proyecto persigue que los establecimientos educacionales no podrán exigir marcas de útiles escolares, ni la entrega de útiles de aseo o artículos de oficina con determinadas marcas y tampoco se podrá condicionar la matrícula a la citada compra.

El parlamentario , junto con señalar que espera una rápida aprobación en el Senado, explicó que la medida apunta a poner fin a una serie de exigencias. Al respecto destacó que el proyecto señala que el Estado propenderá al aumento gradual en la entrega gratuita de útiles escolares de acuerdo a sus niveles y necesidades. Aclaró que los establecimientos escolares que opten por no utilizar los textos escolares que gratuitamente otorga el Estado informarán anualmente a los padres, madres y apoderados y al centro de estudiantes, los motivos pedagógicos que fundamentan su decisión y, en ningún caso, podrán exigir versiones actualizadas de textos escolares o su formato material.

De esta manera, la medida estipula que los establecimientos educacionales particulares no podrán exigir la compra o adquisición de textos escolares de una determinada editorial, ni podrán condicionar la matrícula de sus alumnos a dicha compra o adquisición de textos escolares “los establecimientos particulares estarán obligados, en todo momento, a aceptar el uso, por parte de sus alumnos, de los textos escolares validados por el Ministerio de Educación.”

El proyecto agrega que “los textos escolares elaborados o licitados por el Estado serán de acceso público en su versión digital para estudiantes, padres, madres y apoderados, así como para profesionales y asistentes de la educación; y tendrán en su formato material el carácter de gratuitos, en conformidad a la ley, para los matriculados en un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada, reconocido por el Estado.”

Finalmente, se señala que las infracciones a lo dispuesto serán sancionadas con multas de 25 a 75 UTM, por cada estudiante afectado, debiendo duplicarse en caso de reincidencia sobre la misma materia y se tramitarán ante la Superintendencia de Educación.

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