Comunicado

Cámara aprueba nuevo estatuto de protección del denunciante de actos contra la probidad

La iniciativa, enviada al Senado, define los derechos del denunciante, la operatividad del sistema, los requisitos y canales de la denuncia y sanciones para los infractores, entre otros puntos.

Como un proyecto “relevante” en la agenda anticorrupción, fue calificado el proyecto aprobado hoy por la Cámara y que, en lo medular, establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.

El texto facilita la denuncia de los actos de corrupción, con la debida reserva de información y con sanciones para los infractores.

Durante el debate se hizo un llamado al Ejecutivo a ampliar el mecanismo para todo el aparataje público, incluyendo a los órganos autónomos, que no están considerados en esta ley por no ser objeto de fiscalización de la Contraloría.

Por otra parte la propuesta de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución, así como de Hacienda, especifican que “el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante de corrupción, que garantiza el ejercicio pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo que, eventualmente, podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas.”

Cabe señalar que para la operatividad del sistema, el proyecto crea un canal de denuncias administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción o que afecten, o pudiesen afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviese participación personal de la administración del Estado o un organismo de esta.

El proyecto establece que el personal de la administración del Estado tiene el deber de denunciar, con la debida prontitud, ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan, los hechos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistieren caracteres de delito o que fuesen constitutivos de faltas administrativas o infracciones disciplinarias.

La iniciativa también contempla la opción para el denunciante de solicitar a la Contraloría, al momento de efectuar la denuncia o con posterioridad, la adopción de medidas preventivas de protección, como no ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, o del término anticipado de su designación o contrato; no ser trasladado de localidad, dependencia o de la función que desempeña, sin su autorización por escrito; o no ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico.

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