Comunicado

Con voto favorable de diputado José Miguel Ortiz, Cámara despachó al senado proyecto que establece normas para asegurar la conservación de humedales

Asegurar la protección de los humedales que poseen rasgos comunes y que no alcanzan la categoría para ser declarados “Sitios Ramsar”, pero que, en su conjunto, sí son relevantes de conservar, debido a los distintos servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades locales del país, es el objetivo del proyecto de ley aprobado hoy por la cámara, con el voto favorable del diputado DC José Miguel Ortiz.

El parlamentario explicó que “el Convenio de Ramsar que suscribió Chile establece una serie de normas para proteger a los humedales debido al valor que tienen, fundamentalmente, como hábitat de vida de aves acuáticas y de diversos ecosistemas. Sin embargo, para lograr esta categoría, los humedales deben cumplir una serie de requisitos”.

“Por ello, este proyecto busca tutelar aquellos humedales que poseen rasgos comunes y que no alcanzan la categoría para ser declarados “Sitios Ramsar”, pero que, en su conjunto, sí son relevantes de conservar debido a los distintos servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades locales del país”.

“Para ello, se establece una definición de humedales y que estos estarán constituidos por un cuerpo de agua, una zona de transición y la zona de amortiguamiento y que todos los humedales serán considerados de interés público y constituyen un área de manejo”.

“Además, se contempla un catálogo de acciones prohibidas en los humedales, entre ellas, depositar basura, destruir o dañar bienes culturales, remover hojarascas o tierra, destruir nidos, recolectar huevos, semillas o frutos. Quienes no cumplan estas normas se arriesgan a infracciones, que van de 0,5 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, más decomiso y la reparación de los daños que hubieren ocasionado”.

El diputado Ortiz agregó que “asimismo, se contempla el establecimiento de un plan de manejo y su contenido, como línea base ecológica, económica y social; aspectos de administración, investigación y educación ambiental, los cuales deberán ser informados al municipio respectivo”.

“El proyecto regula que el plan de manejo podrá ser desarrollado por las organizaciones regidas por la Ley sobre Asociaciones Participación Ciudadana en la gestión pública; comunidades reguladas en la Ley que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y por organizaciones sin fines de lucro, tales como fundaciones, corporaciones y universidades”.

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